Renta básica universal

España es el único país de Europa que carece de prestaciones públicas destinadas a evitar situaciones de pobreza en las personas: en el arranque de 2021, el Gobierno parece decidido a implantar la renta básica universal como medida de cohesión social.

Qué es la renta básica universal

La renta básica universal se define como un derecho de percepción de una prestación económica, incondicional y accesible para todos los ciudadanos.

A nivel global, el Estado garantiza hacer llegar a la ciudadanía un monto destinado a erradicar la pobreza de la sociedad: el grueso de esta prestación se destinaría a favorecer las rentas más bajas, correspondientes a personas en riesgo de exclusión social o con recursos muy limitados, y desciende gradualmente hasta alcanzar al resto.

No obstante, es imposible predecir lo que sucederá si se lleva a la práctica, puesto que no ha sido implantada todavía en ningún país, y todos los estudios se han realizado basándose en modelos teóricos.

Diferencia entre renta básica y renta mínima

Ambos conceptos podrían confundirse, pero presentan una diferencia muy sensible: mientras que la renta básica sería un derecho incondicional que se concedería automática y gradualmente a toda la población, la renta mínima sería una prestación sujeta al cumplimiento de determinados requisitos, como acreditar una situación prolongada de desempleo o la no percepción de otras ayudas.

Beneficios e inconvenientes de la renta básica universal

Ventajas

1. La renta básica universal solucionaría los problemas existentes de desigualdad y carestía de empleo.
2. La gestión de la renta básica universal sería muy sencilla para la Administración, dado que los trámites burocráticos serían mínimos y se estrecharía el cerco hacia la “picaresca social”, porque se evitarían situaciones fraudulentas.
3. El coste de gestionar un sistema de renta básica estaría limitado exclusivamente a la cuantía económica que comprende, en contraposición a los elevados costes económicos y de gestión de las rentas mínimas, derivados de la burocracia requerida para controlar cada caso particular.

Desventajas

1. Se incrementaría sustancialmente la recaudación fiscal, dando como resultado una repartición de la riqueza que resultaría contraria a nuestro sistema capitalista.
2. Las rentas altas tendrían que soportar el coste de las rentas inferiores, por lo que algunos colectivos sociales se verían perjudicados por esta medida.
3. En consecuencia, se podrían distorsionar los escenarios de oferta y demanda de empleo, inversión y crecimiento económico, e incentivos a eludir impuestos.

La creación de la renta básica universal en España

La AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) redactó en 2017 una propuesta que, a finales de 2020, sigue siendo objeto de estudio por parte del Gobierno de España para hacer efectiva la implantación de la renta básica universal.

En la actualidad, solo las Comunidades Autónomas poseen instrumentos para ofrecer protección general contra la pobreza de sus ciudadanos, y se asemejan más a las características de las rentas mínimas.

En palabras de Jose Luis Escrivá, director de AIREF y Ministro de Inclusión y Seguridad Social, estas herramientas presentan una distribución poco eficaz, por lo que son poco efectivas para combatir la pobreza; además no contribuyen a incentivar la participación de los ciudadanos en el mercado laboral, salvo aquellas prestaciones que sean compatibles con el empleo.

La idea es convertir a la renta básica universal en una red de seguridad para todas las personas afectadas por la crisis económica y sanitaria de la covid-19, ya que muchos ciudadanos se están quedando fuera del sistema de prestaciones contributivas y subsidios.

Además, esta prestación pretende adoptar carácter permanente y coexistir con los ingresos laborales, quedando pendiente de determinar los escalados cuantitativos que presentará en cada escenario.

División de opiniones sobre la renta básica universal

A la luz de las mencionadas ventajas y desventajas, existen posturas políticas enfrentadas por la ejecución de esta medida.

Desde una visión progresista, al proteger a los colectivos sociales frente a situaciones de pobreza, los ingresos provenientes del trabajo estarían destinados al lucro y al crecimiento, no a la subsistencia.

De facto, se subiría un escalón en la pirámide de necesidades básicas de las personas: se reduciría la brecha que hay entre clases, de tal modo que los más ricos seguirían siendo ricos, pero los menos pudientes ya no correrían riesgos reales de caer en la pobreza.

Esto podría rebajar los índices de delincuencia (ya nadie tendría que delinquir para poder comer) y mejoraría las condiciones de trabajo de muchas personas, que ya no tendrían por qué aceptar condiciones abusivas por miedo a quedarse sin sustento.

Pero desde una visión más conservadora, se considera que no es bueno que las personas cobren dinero sin habérselo ganado: esta situación depreciará el valor del trabajo y fomentaría el absentismo laboral.

Además, dado que la mayoría de los ciudadanos aptos para recibir esta prestación suelen estar asociados a un perfil socioeconómico preferentemente bajo, se fomentaría que estos colectivos prefiriesen complementar los ingresos de la renta básica universal con otros procedentes de la economía sumergida.