Recursos contencioso administrativo

Hay algunos términos jurídicos que hemos escuchado en más de una ocasión pero no tenemos muy claro qué papel juegan en el mundo del derecho. Uno de esos términos es el recurso contencioso administrativo. Un procedimiento judicial al que es posible que tengamos que recurrir en alguna ocasión si no estamos de acuerdo con la Administración Pública, entre otras posibilidades.

¿Qué es un recurso contencioso administrativo?

Cuando hablamos de un recurso contencioso administrativo, nos referimos a un procedimiento jurídico que se usa en contra de una disposición de carácter general o bien una acción concreta realizada por una entidad pública de cualquier nivel. Es decir, que los recursos contenciosos administrativos se emplean para oponerse a una acción o decisión de un organismo oficial, ya sea una entidad a nivel estatal, autonómico o local.

Dicho de otra manera, un recurso contencioso administrativo tiene la finalidad de finalizar la vía administrativa de un conflicto con los órganos de la Administración Pública tanto por sus acciones como por su inactividad o silencio administrativo en los casos en los que se produzca.

Además, puede utilizarse contra la inactividad de la Administración Pública ante un requerimiento realizado por un interesado y contra actuaciones materiales que vayan en contra de las leyes o que constituyan una vía de hecho.

Eso sí, este procedimiento no es exclusivo para las personas físicas o jurídicas ajenas a la Administración, sino que la una entidad pública también podrá hacer uso de los recursos contencioso administrativos frente a otros organismos de carácter público. Por ejemplo, una Administración de nivel local contra una provincial o nacional si consideran que una de sus acciones esté siendo en perjuicio del interés general.

3 Tipos de recursos contenciosos administrativos

Recurso contencioso administrativo ordinario

Es el más habitual de todos, y por lo tanto será el que se explicará en mayor profundidad a lo largo de este artículo.

Recurso contencioso administrativo abreviado

Existen varias circunstancias que permiten utilizar el recurso abreviado para aligerar el proceso jurídico, eliminando la vista oral del proceso contencioso administrativo.

A este recurso contencioso administrativo podemos recurrir en caso de que el hecho reclamado no supere los 13 000 €, si no se admite un proceso de asilo político o en el caso de tratarse de una resolución de extranjería con la que no se esté conforme.

De la misma manera, un funcionario público podrá recurrir a este procedimiento por razón de personal siempre y cuando no tenga relación con el inicio o el fin de su relación laboral con los órganos públicos para los que se encuentre empleado.

Recurso contencioso administrativo para la protección de derechos fundamentales

La última de las opciones disponibles. Se recurre a este tipo de recurso cuando se desea reclamar la protección judicial de cualquier libertad o derecho que se considere que está siendo vulnerado. En el artículo 53.2 de la Constitución Española se encuentran listada las libertades y derechos que dan la opción de este recurso.

Tan solo en el último de los 3 tipos que hemos visto, el plazo máximo de interposición es de 10 días, que comienzan a contarse desde el mismo instante en el que se recibe la notificación del recurso.

¿Quién puede presentarlo?

Este procedimiento está disponible para quien desee emplearlo siempre que tenga un interés legítimo en ello. Es decir, cualquier persona o entidad podrá emplearlos.

• Personas físicas.
• Personas jurídicas.
• Asociaciones y agrupaciones.
• Empresas privadas o públicas.
• Organismos oficiales del Estado a nivel local o provincial.

¿Cómo se presenta un recurso contencioso administrativo?

Lo cierto es que es un trámite bastante simple de llevar a cabo. Para realizar un recurso de este tipo, bastará con la presentación de un escrito sencillo donde se muestre tanto la información de quién lo interpone y el órgano o entidad contra la que se envía.

El escrito sencillo tendrá que llevar adjunto otro documento en el que se concrete el acto, disposición o silencio administrativo que la persona o entidad desea recurrir.

Finalmente, este documento deberá estar firmado por un abogado, y en caso de ser necesario, por un procurador. Con esto tenemos todo lo necesario para poder presentar el recurso con total validez.

Plazos de presentación de un recurso contencioso administrativo

Por norma general, existen 2 marcos temporales en función del acto que se desee reclamar judicialmente, en función de si hay una respuesta directa o si existe inactividad por parte del organismo oficial.

• En caso de recibir una notificación o publicarse un acto al que nos oponemos: cuando se ha recibido una resolución por parte de la Administración Pública: si existe una notificación administrativa o publicación oficial, hay un plazo de 2 meses máximo desde el momento en el que se publica o se recibe la notificación.
• En caso de silencio administrativo: cuando la Administración Pública responde con la inactividad o el silencio administrativo, existe un margen mucho más amplio de tiempo para interponer un recurso contencioso administrativo. En este caso, se marca un plazo de 6 meses para su presentación, aunque hay que mencionar que el Tribunal Constitucional en 2014 estableció que no hay un plazo máximo si se está rechazando una petición por medio del silencio administrativo.

¿Dónde se presentan los recursos contenciosos administrativos?

Este tipo de recursos se presentan ante un juzgado especializado en resolver este tipo de cuestiones. A nivel local existen juzgados de lo Contencioso-Administrativo a los que recurrir para interponer esta clase de conflictos, existiendo también entidades judiciales a nivel autonómico y nacional en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Actos excluidos de los recursos contenciosos administrativos

• Recursos contenciosos administrativos militares.
• Aquellas acciones y decisiones con origen en órdenes con jurisdicción civil, social o penal. Incluso si tiene que ver con las acciones llevadas a cabo por parte de la Administración.
• Conflictos entre órganos de la misma Administración sobre competencias propias de cada órgano.
• Problemas de jurisdicción entre la Administración pública y cualquier juzgado o tribunal.

¿Cuándo es imprescindible la presencia de un procurador?

En la actualidad, un recurso contencioso administrativo puede llevarse a cabo si interviene un abogado de forma directa, siendo la figura del procurador una opción disponible pero no necesaria por obligación. Un abogado podrá recibir las notificaciones y realizar los trámites correspondientes a esta clase de recursos por sí mismo.

El único caso en el que se exige la presencia de un procurador es cuando los recursos contenciosos administrativos sean elevados a los tribunales superiores de justicia, así como en el caso de los órganos colegiados, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

Como se puede ver, presentar un recurso contencioso administrativo está al alcance de cualquier persona que lo desee si considera que se está produciendo una situación errónea que deba solucionarse. Lo único que necesitaremos, será contar con un abogado durante el proceso para que sea admitido el recurso y cumplir con los plazos de tiempo correspondientes a cada situación.