Ley de competencia

La Ley de Defensa de la Competencia es una normativa destinada a la protección de la libre competencia del mercado, a través de una serie de normas y procesos que garantizan el máximo beneficio al conjunto de la sociedad.

Esta ley es fundamental para el correcto desarrollo de las políticas económicas actuales, ya que sirve como complemento para conseguir la productividad en las economías y proteger la competitividad en todos los sectores. El libre mercado implica que tanto compradores como vendedores tienen libertad para desarrollar sus estrategias de negocio y alcanzar la ansiada eficiencia, pero es necesario que las autoridades regulen ciertas actitudes y actividades que pueden vulnerar esta competencia e, incluso, eliminarla por completo.

En este sentido, cada Estado se encarga de regular su propia Ley de Competencia, determinando la autoridad encargada de llevarla a cabo y estableciendo qué conductas pueden ser motivo de sanción y la cuantía de estas.

¿Qué tipo de comportamientos son objetivo de la Ley de Defensa de la Competencia?

1. Concentración empresarial. La concentración de empresas, que consiste en los casos donde dos o más compañías unen sus fuerzas para ganar cuota de mercado y aumentar su poder en el sector, es una de las conductas perseguidas por esta ley. Este tipo de comportamientos implican un abuso en la posición de las compañías para ganar poder con respecto a la competencia, lo que significa una vulneración de la competencia y, por tanto, una actividad sancionable por la ley de competencia.
2. Abuso de posición dominante. Cuando tenemos situaciones en las que una empresa domina gran parte de un sector, o bien existe un monopolio, estas compañías pueden llegar a establecer precios excesivamente bajos a los productos con el fin de evitar que el resto de empresas, con mucho menos poder, puedan hacerle algún tipo de competencia.
3. Acuerdos de colusión. La colusión se produce cuando dos o más empresas del mismo sector llegan a un acuerdo para fijar el precio de los productos y las condiciones de venta para aumentar sus beneficios de manera conjunta. Esto contribuye a que la libre competencia se vea drásticamente afectada, ya que implicaría condiciones negativas para el resto de competidores del sector. Desde la perspectiva del Estado, la colusión es una de las prácticas más perseguidas dada su gravedad, destinando grandes cantidades de recursos a su investigación y erradicación.
4. Negativa de venta. Cuando un agente profesional se niega a comercializar sus productos u ofrecer sus servicios, decimos que nos encontramos frente a una negativa de venta por su parte. Es una infracción penal, ya que vulnera la competitividad del sector y puede afectar gravemente a la libre competencia, por lo que es castigada por la Ley de Defensa de la Competencia.

Ley de Defensa de la Competencia en España, ¿quién la regula?

En nuestro país, según la Ley 3/2013, se ha establecido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia como el órgano regulador y encargado de gestionar la competencia en España. Esta comisión, a su vez, se coordina con los órganos equivalentes en la Unión Europea y con los órganos autonómicos da defensa de la competencia, con el fin de gestionarla y velar por la libre competencia.

En cuanto a la Ley de Defensa de la Competencia, la ley vigente es la Ley 15/2007, donde se recoge todo lo referente a la misma: procedimientos, normas, conductas prohibidas y márgenes donde aplicar la Ley.

Para que las políticas económicas que utilizan los países actuales se desarrollen con éxito, es necesario que los mercados tengan una libre competencia regulada por las autoridades de cada estado. Por ello existe la Ley de la Defensa de la Competencia, una normativa destinada a perseguir las irregularidades y malas prácticas cometidas por las empresas, es decir, aquellas que puedan vulnerar y romper la libre competencia en los mercados.