Interventor

El interventor es la figura en la que se agrupan una serie de poderes de supervisión y responsabilidad sobre una determinada actividad u organización que carece de la capacidad de hacerlo por sí misma o que ha sido intervenida por una organización de orden jerárquico superior.

Definición y alcance del término

El concepto de interventor se refiere a cualquier persona física o jurídica que interceda a nombre de otra con el propósito de controlar, gestionar o auditar las operaciones comunes de una organización. Dicho concepto puede intervenir en cualquier área en la que recursos materiales, inmateriales y humanos se organicen para desarrollar una determinada actividad.

Sin embargo, si bien existen varios ámbitos en los que el término se utiliza de manera regular y con connotaciones más o menos definidas, su sentido más específico se da en el ámbito de la administración pública. En efecto, el interventor es una figura designada de manera legítima para supervisar a cualquier empresa u organismo público durante un determinado periodo y por distintos motivos.

Las condiciones para que dicha intervención se den de manera legítima responde a ciertas leyes y normativas que regulan las actividades de las empresas u organismos, así como también las responsabilidades de su gobierno. Cuando la Ley considere que existe una infracción o existe una duda justificada sobre la gestión, el interventor es designado como encargado de sostener la actividad y proteger el valor que esta representa.

El interventor supervisa las operaciones y estudia además las condiciones de funcionamiento previas para descubrir si efectivamente se constatan las razones por las que la empresa u organismo fueron intervenidos en un principio. Estará encargado también de la auditoría y la constatación de los saldos y haberes correspondientes.

Funciones del interventor

El interventor, al encargarse de la supervisión y auditoría de los distintos aspectos de una organización, dispone de varias funciones complementarias cuyo objetivo común es la evaluación general de la organización y así, eventualmente, terminar la intervención en condiciones propicias.

Este tipo de situaciones suelen darse principalmente en el ámbito de la administración pública, puesto que tanto los organismos intervenidos como los interventores dependen de un mismo sistema de gobierno. En los casos en que se intervienen organizaciones privadas, el procedimiento es menos frecuente y también mucho más complicado.

En esencia, la función principal del interventor es el control y la supervisión con el objetivo de la optimización y la corrección de los errores de gestión que motivaron la intervención misma. Una vez concluida la tarea, el interventor devuelve el control de la organización a su legítimo dueño, jurisdicción o administrador.

Por otro lado, como lo que principalmente motiva la intervención de una organización es la malversación presupuestaria, la corrupción o el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el interventor debe realizar una auditoría sobre todos los gastos y balances correspondientes a las operaciones del periodo de tiempo en que se cree que se cometieron las faltas.

Los poderes concedidos al interventor luego de fallos o disposiciones administrativas lo facultan a intervenir todas aquellas áreas que considere necesarias para descubrir y remediar el incumplimiento de la normativa. Por lo tanto, la intervención debe realizarse con conocimiento de las disposiciones jurídicas de cada territorio y deberá responder a ciertos parámetros procesales estrictos.

El interventor en el ámbito público

La figura del interventor, como se mencionó más arriba, participa con mayor frecuencia en el sector de la administración pública. En estos casos, este asume el control de las operaciones financieras y la actividad contable de un determinado municipio o cualquier de las entidades que dependen de manera directa del sector público; empresas, fundaciones, consorcios, etc.

Cumple con la función de auditar las entidades y organismos públicos cada año con el objetivo de buscar irregularidades en su gestión. Por lo tanto, el interventor puede contratar a empresas privadas que lo asistan con la tarea. Su presencia se extiende hacia las diferentes áreas de la administración pública y se conforma con una multitud de funcionarios diversos.

La figura del interventor entonces debe controlar y fiscalizar la legalidad en el empleo del presupuesto y constatar el correcto registro del gasto público a través de la contabilidad. Al abarcar un gran abanico de actividades de distinta envergadura, la personería física o jurídica del interventor hace posible que existan diferentes perfiles en cuanto a su designación.

Esto se debe a la necesidad de disponer de conocimientos en distintas disciplinas así también como de su capacidad operativa; dependiendo del área intervenida, el interventor deberá poder hacer frente tanto a su gestión como a su estudio contable y normativa correspondiente. Finalmente, su designación oficial como interventor se encuentra a cargo del Tribunal de Cuentas.

El interventor es una figura que hace referencia a la persona física o jurídica que interviene una determinada organización o actividad con el propósito de supervisar y auditar su funcionamiento con base en ciertos parámetros legales y normativos. El término por lo general se utiliza para señalar al interventor público.