Concesión

Definimos concesión como aquel proceso en el que una empresa, o las Administraciones Públicas, otorgan el derecho de explotación sobre algunos bienes y servicios a una tercera parte (una empresa), que suele ser de gestión privada. Esto se hacer para que los bienes y servicios, tanto públicos como privados, se aprovechen y gestionen de la mejor manera posible, siendo un proceso muy habitual en el sector público.

Tipos de concesión

El concepto de concesión es el mismo, independiente del ámbito en el que se trate (siempre y cuando nos encontremos en el plano económico y empresarial), pero podemos diferenciar dos tipos principales:

1. Concesión privada. Se produce cuando una empresa privada otorga el derecho de explotación a un tercero.
2. Concesión pública. Es la más frecuente y se da cuando es alguna Administración Pública la que inicia el procedimiento.

Además, existen dos métodos para optar a una explotación, los cuales dependen de varios factores:

1. Licitación pública. Las empresas tienen que formular ofertas para optar a la concesión a través de un proceso de concurso. Solo se lleva a cabo en las concesiones públicas.
2. Concesión directa. El Estado o la empresa asignan, de forma directa a la empresa seleccionada para la concesión.

Concesión privada: qué es y acciones que se llevan a cabo

Las concesiones privadas, pese a ser menos habituales que las públicas, también se dan frecuentemente, y se producen cuando una empresa privada otorga la explotación de un área de su negocio a otra, que también es de carácter privado. La recepción de este tipo de concesiones es directa, no como en la concesión pública (que detallaremos más adelante), y se suelen llevar a cabo las siguientes acciones:

• Expandir el negocio y reducir los costes de internacionalización.
• Aumentar los beneficios gracias a los rendimientos que se reciben a través de la explotación de esa parte del negocio.
• Incrementar el alcance de una empresa a través de franquicias o concesionarios.
• Llegar a más territorios que, en otras circunstancias, no se podrían alcanzar.

Concesión pública: qué es y cómo se adjudican las empresas

En el ámbito público, son las Administraciones Públicas del Estado las que otorgan a un tercero (ya sea persona individual o jurídica, pública o privada), la explotación de bienes y servicios durante un tiempo determinado, percibiendo una retribución y actuando bajo su riesgo y a su propia costa. En este tipo de concesiones, no hablamos solo de la concesión del servicio en cuestión, ya que la organización y el funcionamiento del mismo están a cargo de la parte asignada.

Si algo ocurre durante la explotación de los bienes y servicios, es la empresa concesionada la que tiene toda la responsabilidad. Actualmente, es la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre) la que regula las concesiones públicas. Para que estas se puedan llevar a cabo, se debe realizar un procedimiento distinto a las privadas, ya que, en muchos casos, no se puede realizar adjudicación directa. Esta solo será viable en aquellos contratos cuyo valor sea:

• Inferior a 40.000 € en obras públicas.
• Inferior a 15.000 € en prestación de servicios.
• Inferior a 30.000 € en prestaciones sanitarias.

En cualquier otro caso, debe seguirse un procedimiento de licitación, el cual se compone de distintas fases:

1. La Administración Pública en cuestión publicará una convocatoria en una plataforma de contratación del Estado, donde indicará los plazos de la concesión, y facilitará el acceso a pliegos y documentos informativos sobre el proyecto en cuestión.
2. Las personas físicas y jurídicas que deseen participar harán sus propuestas, que deben estar sujetas a las condiciones que haya propuesto la Administración, incluyendo la oferta económica, reflejando el IVA a repercutir en los precios. Además, tendrán que cumplimentar sus propuestas con una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos, además de otros documentos cuando sean necesarios (compromisos de unión temporal o documentación y sometimiento a leyes y tribunales en empresas extranjeras).
3. La Administración revisará las ofertas y solicitará la documentación que sea necesaria, y se realizará una valoración en la que se relaciona la calidad con el precio, la cual debe ser justificada, utilizando distintos criterios impuestos previamente.
4. Se calificarán las ofertas de mejor a peor, se comunicará el listado al órgano de contratación y se contactará con el licitador mejor posicionado para que, en caso de no haber justificado que cumple las condiciones, presente la documentación necesaria. En caso afirmativo, se comunica la adjudicación a los licitadores y se hará pública en plataformas del Estado.

En caso de que un licitador cumpla las condiciones pero no las justifique en un plazo de diez días tras la adjudicación, se le descarta del proceso y tendrá que pagar una sanción del 3% del presupuesto total, y se llamará a la siguiente empresa posicionada en la lista.

Una concesión, ya sea pública o privada, otorga los derechos de explotación de determinados bienes o servicios a un tercero, que puede ser una persona física o jurídica, la cual asumirá las responsabilidades de esta explotación hasta que termine el contrato.